On recent days, the labor reform that we have been discussing in previous bulletins was published in the Federal Official Gazette. This reform modifies articles 107 and 123 of the Political Constitution of the United States of Mexico and is actually effective, although there is a one year term to make all the necessary legislative adjustments and other necessary actions for this reform to be fully applicable.

The most relevant aspect of this reform is in terms of labor administration of justice. In this sense, the reform establishes that the resolution of conflicts between workers and employers shall be under the jurisdiction of labor courts that will be part of the Judicial Branch of the Federation or of the States of Mexico. Their sentences and resolutions shall observe the principles of legality, impartiality, transparency, autonomy and independency. Before this reform, labor conflicts were submitted to labor boards, which pertained to the Executive branch.

Also, this reform promotes the conciliatory stage of labor conflicts, and therefore, before appearing to a labor court, workers and employers must appear before the corresponding
conciliatory instance.

At State level, the conciliatory function will reside in specialized and impartial Conciliation Centers to be created in each State of Mexico. Such centers shall have legal personality and patrimony. These centers will have technical, operative, budgetary, decision making and administrative autonomy. These centers will be governed by the principles of certainty, independence, legality, impartiality, reliability, efficiency, objectivity, professionalism, transparency and publicity. Its formation and functioning shall be determined by local laws.

The law shall determine the procedure to be followed at the conciliatory stage. Such conciliatory stage shall consist of one mandatory hearing to take place at date and time promptly scheduled to such effect. The following conciliation hearings will only take place if both parties in conflict agree to them. The law shall establish the rules for labor agreements resulting from conciliation to acquire the status of definitive sentences, and for their enforcement. At Federal level, the conciliatory function shall reside in a decentralized body. Such will also be in charge of the registration of all collective labor contracts and union organizations, as well as all union related administrative procedures.

The aforementioned decentralized body shall have legal personality and patrimony, as well as technical, operative, budgetary, decision making and administrative autonomy. This body will be governed by the principles of certainty, independence, legality, impartiality, reliability, efficiency, objectivity, professionalism, transparency and publicity. Its formation and functioning shall be determined by the corresponding law.

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En fechas recientes fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma laboral que hemos venido comentando en boletines pasados. Esta reforma modifica los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se encuentra actualmente en vigor, si bien se cuenta con un plazo de un año para llevar a cabo las adecuaciones legislativas y las acciones necesarias para la completa aplicación de la reforma.

El aspecto más relevante de la reforma es el relativo a la administración de justicia en materia laboral. Así, la reforma establece que la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Anteriormente, los conflictos laborales debían someterse a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo.

Además, a partir de la reforma, se da una mayor relevancia a la etapa conciliatoria por lo que se establece que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente.

En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias
de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia.

Esperamos que esta información sea de su interés y nos reiteramos a sus órdenes en caso de requerir de nuestros servicios.